La Justicia recibió auditoría que determinó presunto acceso indebido a declaraciones patrimoniales
La Justicia recibió una auditoría hecha por el Consejo de la Magistratura de la Nación que determinó que hubo supuestos casos de acceso indebido a declaraciones patrimoniales reservadas que presentan jueces y juezas de todo el país ante ese organismo.
El informe analizó la manera de almacenar y preservar las declaraciones juradas y concluyó que se abrieron sobres de diferentes magistrados desde el 2019, sin que haya habido planteo o pedido formal al respecto, según trascendió en fuentes del caso.
La auditoría detectó 82 faltantes y 55 casos de aperturas supuestamente irregulares de anexos reservados (los que detallan datos bancarios, direcciones, vínculos familiares de los magistrados) y 277 públicos.
La oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales encargada de recibir y resguardar las declaraciones funciona en Sarmiento al 800 en la ciudad de Buenos Aires.
En un dictamen firmado la semana pasada, el fiscal que lleva la causa Ramiro González advirtió la necesidad de investigar si los datos de estas declaraciones vulneradas pudieron ser usados para luego cometer maniobras de espionaje ilegal algunos de los magistrados.
"Obsérvese que han tomado estado público diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión", sostuvo al disponer nuevas medidas de prueba.
La fiscalía recibió y mantiene en carácter de reservado el "Informe General de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimonial" que se hizo en el Consejo de la Magistratura, luego de la intervención del área
El relevamiento "arrojó la existencia de 82 sobres que no fueron hallados", advirtió el fiscal que citó a declarar como testigos a los funcionarios del organismo que firmaron el informe.
El informe analizó la manera de almacenar y preservar las declaraciones juradas y concluyó que se abrieron sobres de diferentes magistrados desde el 2019, sin que haya habido planteo o pedido formal al respecto, según trascendió en fuentes del caso.
La auditoría detectó 82 faltantes y 55 casos de aperturas supuestamente irregulares de anexos reservados (los que detallan datos bancarios, direcciones, vínculos familiares de los magistrados) y 277 públicos.
La oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales encargada de recibir y resguardar las declaraciones funciona en Sarmiento al 800 en la ciudad de Buenos Aires.
En un dictamen firmado la semana pasada, el fiscal que lleva la causa Ramiro González advirtió la necesidad de investigar si los datos de estas declaraciones vulneradas pudieron ser usados para luego cometer maniobras de espionaje ilegal algunos de los magistrados.
"Obsérvese que han tomado estado público diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión", sostuvo al disponer nuevas medidas de prueba.
La fiscalía recibió y mantiene en carácter de reservado el "Informe General de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimonial" que se hizo en el Consejo de la Magistratura, luego de la intervención del área
El relevamiento "arrojó la existencia de 82 sobres que no fueron hallados", advirtió el fiscal que citó a declarar como testigos a los funcionarios del organismo que firmaron el informe.