Las declaraciones de testigos desvinculan a Mariano Bruera de las acusaciones en su contra
En el marco del juicio oral que se sigue contra el hermano del exintendente Pablo Bruera y otros ex funcionarios municipales de La Plata, los dichos del propio denunciante y de la instructora de la causa durante las dos primeras jornadas no lo relacionan con ninguno de los delitos investigados. Se refuerza la hipótesis de la persecución política.
El juicio oral contra Mariano Bruera y otros exfuncionarios municipales de La Plata en la causa denominada “Coimas en el plan Procrear” completó esta semanas dos jornadas intensas y reveladoras. En ese marco, las declaraciones del propio denunciante y de la instructora del juicio dejan desvinculada totalmente de la causa a la figura del hermano del exintendente Pablo Bruera.
La causa se inició por la denuncia del abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan Procrear.
Junto a Bruera son juzgados el exsecretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; y el empresario
Gustavo Orlandi, todos acusados de asociación ilícita y cohecho. El otro acusado, el arquitecto Raúl Moratti, falleció en 2018 sin ser juzgado. En esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado los exempleados municipales Christian Ybarra y Roberto Moreno.
El empresario Andreau, durante su declaración como testigo, no mencionó nunca a los acusados en el juicio pero sí cuestionó la presunta corrupción en la ciudad y apuntó contra el actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y contra exconcejales del PRO y del Frente para la Victoria. Asimismo, criticó el accionar judicial. No obstante, lo más significativo fue que ninguno de los que quisieron “coimearlo” hizo referencia a que trabajaran o le invocaran el nombre de Mariano Bruera.
En segundo turno declaró Julia Martínez, quien fuera la instructora de la causa. Ella corroboró que ninguno de los terrenos investigados por coimas fue rezonificado. Asimismo se le preguntó si existía alguna prueba directa (ya sea escucha, testigo, filmación o cualquier otro medio) respecto de que Mariano Bruera hablara concretamente o supiera de las maniobras de los hechos investigados por rezonificaciones. Martínez lo negó terminantemente.
Al momento de ser consultada sobre qué hechos existieron para hacer cambiar de parecer al Ministerio Público y a los magistrados desde la denuncia del 2014 (cuando ni el fiscal ni el juez entendieron que Mariano Bruera debía ser detenido) con respecto a 2016 (con cambio de gobierno de por medio, cuando lo detuvieron), Martínez declaró que “las mismas llamadas del 2014”. Es decir, ninguna otra prueba.
Por otro lado, cabe señalar que en estos dos primeros días de audiencia la fiscal intentó introducir como prueba la sentencia de los condenados en juicio abreviado, lo cual sería ilegal por el artículo 363 del Código Procesal y por lo tanto fue rechazado por el tribunal. Asimismo, el tribunal rechazó las nulidades presentadas por persecución política “porque la causa por espionaje donde la familia Bruera fue víctima y querellante no tiene sentencia y se encuentra en trámite”.
Sin embargo, un dato no menor es que hay una denuncia directa por la posible intervención ilegal de teléfonos que está pendiente en el transcurso del juicio.
El juicio oral contra Mariano Bruera y otros exfuncionarios municipales de La Plata en la causa denominada “Coimas en el plan Procrear” completó esta semanas dos jornadas intensas y reveladoras. En ese marco, las declaraciones del propio denunciante y de la instructora del juicio dejan desvinculada totalmente de la causa a la figura del hermano del exintendente Pablo Bruera.
La causa se inició por la denuncia del abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan Procrear.
Junto a Bruera son juzgados el exsecretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; y el empresario
Gustavo Orlandi, todos acusados de asociación ilícita y cohecho. El otro acusado, el arquitecto Raúl Moratti, falleció en 2018 sin ser juzgado. En esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado los exempleados municipales Christian Ybarra y Roberto Moreno.
El empresario Andreau, durante su declaración como testigo, no mencionó nunca a los acusados en el juicio pero sí cuestionó la presunta corrupción en la ciudad y apuntó contra el actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y contra exconcejales del PRO y del Frente para la Victoria. Asimismo, criticó el accionar judicial. No obstante, lo más significativo fue que ninguno de los que quisieron “coimearlo” hizo referencia a que trabajaran o le invocaran el nombre de Mariano Bruera.
En segundo turno declaró Julia Martínez, quien fuera la instructora de la causa. Ella corroboró que ninguno de los terrenos investigados por coimas fue rezonificado. Asimismo se le preguntó si existía alguna prueba directa (ya sea escucha, testigo, filmación o cualquier otro medio) respecto de que Mariano Bruera hablara concretamente o supiera de las maniobras de los hechos investigados por rezonificaciones. Martínez lo negó terminantemente.
Al momento de ser consultada sobre qué hechos existieron para hacer cambiar de parecer al Ministerio Público y a los magistrados desde la denuncia del 2014 (cuando ni el fiscal ni el juez entendieron que Mariano Bruera debía ser detenido) con respecto a 2016 (con cambio de gobierno de por medio, cuando lo detuvieron), Martínez declaró que “las mismas llamadas del 2014”. Es decir, ninguna otra prueba.
Por otro lado, cabe señalar que en estos dos primeros días de audiencia la fiscal intentó introducir como prueba la sentencia de los condenados en juicio abreviado, lo cual sería ilegal por el artículo 363 del Código Procesal y por lo tanto fue rechazado por el tribunal. Asimismo, el tribunal rechazó las nulidades presentadas por persecución política “porque la causa por espionaje donde la familia Bruera fue víctima y querellante no tiene sentencia y se encuentra en trámite”.
Sin embargo, un dato no menor es que hay una denuncia directa por la posible intervención ilegal de teléfonos que está pendiente en el transcurso del juicio.